Resumen:

El trabajo presenta un análisis comparativo de tres cuerpos jurídicos: la Constitución Política de la República Mexicana, sobre la indestructible base de su legítima independencia, proclamada el día 16 de septiembre de 1810 y consumada el 27 de septiembre de 1821, expedida el 12 de febrero de 1857; el Proyecto de Constitución propuesto por el ciudadano Primer Jefe presentado al Congreso Constituyente en la sesión de 6 de diciembre de 1916 por Venustiano Carranza, fechado en Querétaro el 1° de diciembre y el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la del 5 de febrero de 1857 publicada el 5 de febrero de 1917. La cercanía del Primer Centenario de la promulgación de la Constitución de 1917, fundamento de nuestras instituciones jurídicas constituye un momento propicio para la comparación de estos cuerpos jurídicos con el fin de ahondar en el conocimiento de nuestra norma fundamental. Con tal fin, en estas páginas se ofrece un panorama general de las circunstancias en que se expiden las constituciones de 57 y de 17, destacando que son posteriores a un movimiento social considerado revolucionario; con esa propuesta de trasfondo se explica cómo se generaron y qué representa cada una en el momento que fue promulgada. En la segunda parte se explica de manera pormenorizada cómo fueron marcados los textos que se comparan y finalmente se ilustra la labor realizada con algunos ejemplos extraídos de dicho Análisis. Al ejercicio de comparar estos cuerpos jurídicos le he incorporado instrumentos que facilitan su lectura: una Tabla de Concordancias entre ellos y un Anexo que consta de dos partes, la primera, tiene un cuadro de las reformas, a partir de 1873, fecha en que se modifica el diseño institucional del Estado al incorporarse al texto constitucional los principios de las Leyes de Reforma y poco después, el Senado y termina con la última reforma expedida por Carranza; en la segunda parte del mismo Anexo está el texto completo de dichas reformas, señalando la fuente de la que provienen.

Inglés/English:

Resumen:

En México es una práctica común dentro de todo el sistema de justicia la posibilidad de que una de las partes de un juicio se reúna en privado con el juez. Esto es conocido como el “alegato de oreja”. Este artículo pretende mostrar cómo funciona, qué papel cumple y qué costos tiene el “alegato de oreja” en México. Ello con el fin de proponer una forma adecuada de regular esta práctica, con lo cual sea posible fortalecer y legitimar al sistema de justicia.

Inglés/English:

In the Mexican justice system it is a common practice that one part of the trial can have a private meeting with the judge, this is known as the “alegato de oreja”. This article pretends to show how this works, its role and the costs. The aim is to pr

Resumen:

Este documento explora algunas de las implicacionesque de la reciente reforma constitucional respecto de la protección de datos personales. Con esta reforma se introduce el mandato de emitir una ley general que establezca las bases, principios y procedimientos del derecho a la protección de los datos, lo cual trae aparejado facultades concurrentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios en la materia. A pesar de las ventajas que esta ley representa, como la simetría del derecho en los tres órdenes de gobierno y la posibilidad de adoptar altos estándares internacionales de protección, también presenta importantes retos. Uno, por supuesto, consiste en el rol de los órganos garantes de las entidades federativas y su relación con el órgano autónomo federal; y, otro, hace referencia a las relaciones de nuestro país con la comunidad internacional. En ese contexto, ponemos especial énfasis en la importancia de que México sea parte de la Convención para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal y su Protocolo Adicional como precedente para obtener la adecuación europea como país responsable en el tratamiento de datos personales.

Inglés/English:

This paper explores the implications of the recent constitutional reform to the right of personal data protection. This reform mandates to enact legislation to establish the basis, principles and procedures underlying the right to data protecction. This i

Resumen:

El presente documento de trabajo tiene como objetivo analizar la regulación constitucional de la salud, específicamente la salud como derecho fundamental. En él se analizan en forma concisa el texto constitucional, las interpretaciones judiciales más relevantes y la doctrina constitucional. En consecuencia, el apartado se divide en dos secciones: En la primera sección (I), se aborda la regulación constitucional de la salud, distinguiendo entre las distintas funciones que cumple la salud dentro del régimen constitucional (la salud como derecho fundamental, la salud como valor vinculado a otros derechos fundamentales, la salud como bien tutelado por sí); en la segunda sección (II) se precisa el derecho fundamental a la salud a la luz de las interpretaciones judiciales y la doctrina constitucional, a fin de desentrañar las implicaciones normativas del texto constitucional.

Inglés/English:

The current working paper is looking to analyze the constitutional regulation on health, specifically health as a fundamental right. It consists of a concise analysis of the constitutional text, as well as the most relevant judicial interpretations and co

Resumen:

En este texto se evalúa la política mexicana en materia de drogas desde dos sentidos de proporcionalidad: relativa y absoluta, con el objeto de evaluar su justificación desde una perspectiva moral, social y legal. Por proporcionalidad relativa me refiero al principio que establece que las sanciones impuestas para un delito deben ser proporcionales (o no ser desproporcionadas) a las sentencias impuestas para otros delitos de gravedad similar. Por proporcionalidad absoluta me refiero al principio que establece que toda sanción impuesta debe ser proporcional a la ofensa cometida. Es decir, debe tomarse en cuenta el bien que se busca proteger y el daño que se busca evitar. El texto presenta estadísticas oficiales, principalmente federales, obtenidas de fuentes oficiales y por medio de peticiones de acceso a la información que permiten entender la actual aplicación de normas en la materia y algunos de los efectos que ha tenido. En algunos casos, los datos estadísticos son acompañados por recuentos personales obtenidos durante entrevistas a presos por delitos contra la salud. Este texto busca mostrar que, al evaluar los resultados de la aplicación de las normas que penalizan los delitos contra la salud según los criterios de proporcionalidad relativa y absoluta, se hace patente la desproporción de la política prohibicionista actual (que propone la criminalización y las sanciones de prisión como principal forma de control de sustancias).

Inglés/English:

This text uses the principle of proportionality to study the social, legal and moral justification of the current drug policy in Mexico. The text focuses on two senses of proportionality: relative and absolute. By relative proportionality, I refer to the principle that states that the punishments established for a certain offense should be proportionate to the punishments established for other offenses of equal seriousness. By absolute proportionality I refer to the principle that establishes that the punishment established for a certain offense should be proportionate to the harm done. The text uses official data, mainly from federal institutions, to describe and analyze the implementation of criminal norms as well as to ascertain the social effects and costs the implementation of the current drug policy has had.

Resumen:

El homicidio es un fenómeno que tradicionalmente ha ocupado a las ciencias sociales. En este documento utilizamos dos aproximaciones teóricas novedosas para su estudio: el tratamiento del evento homicida como unidad de análisis, y la distinción entre homicidios instrumentales y expresivos. Aplicando técnicas tanto cuantitativas como cualitativas a bases de datos oficiales sobre el homicidio en la Ciudad de México, encontramos que aunque en términos generales existen muchas similitudes entre ambos tipos de homicidio, el expresivo presenta configuraciones singulares que lo hacen más predecible. En la parte final discutimos brevemente las implicaciones que este hallazgo puede tener para las políticas de control y prevención delictivos.

Inglés/English:

Homicide is a phenomenon typically addressed by the social sciences. In this paper we apply two novel theoretical approaches to its study: the treatment of the homicidal event as a unit of analysis, and the distinction between instrumental and expressive homicides. Applying both quantitative and qualitative techniques to official homicide databases in Mexico City, we found out that even if many similarities exist among the two types of homicide in general terms, expressive homicides present singular configurations that yield them more predictable. In the final part we briefly discuss the implications that this finding could have for crime control and preventive policies.

Resumen:

Recientemente en nuestro país, dos reformas constitucionales de gran calado —la reforma en derechos humanos y la reforma al juicio de amparo—, así como la dirección emprendida por la Suprema Corte con motivo del inicio de la Décima Época jurisprudencial, sugieren que nuestro máximo tribunal está pasando de un modelo de “legislador negativo” a uno centrado en la protección de los derechos fundamentales. El argumento central de este trabajo es que esta tarea que se ha propuesto la Corte enfrenta un gran obstáculo: la manera como la Suprema Corte y los tribunales federales definen y publican la jurisprudencia constitucional que vincula a todos los jueces del país. Nuestro sistema de jurisprudencia hace que los jueces y los litigantes se enfrenten a un conjunto de criterios judiciales dispersos y fragmentados. No existen principios comunes que entrelacen las decisiones constitucionales, pues las tesis jurisprudenciales siempre se desvinculan de los razonamientos de las sentencias de las que emanan. Mientras que ello sea así, los ministros tendrán serias dificultades para dotar de contenido a los preceptos materiales de la Constitución como son aquellos que establecen derechos fundamentales. Con ello, su capacidad transformadora de una cultura jurídica autoritaria y su impacto social estarán seriamente mermados. Para demostrar lo anterior, voy a contrastar el funcionamiento del sistema de precedentes constitucionales de la Corte Suprema norteamericana con el sistema de jurisprudencia constitucional de nuestra Suprema Corte y, a partir de este contraste, analizaré los principales problemas que tiene nuestro sistema para desarrollar el alcance y sentido de los derechos fundamentales.

Inglés/English:

Both two important recent constitutional amendments in Mexico —to human rights and the constitutional guarantee of protection to individuals known as amparo— and the objectives set out by the Supreme Court when initiating the tenth judicial period, suggest that Mexico’s highest court is shifting from the model of the “negative lawmaker” to one focused on protection of civil rights. The central argument of this paper is that in taking on this task the Supreme Court faces a major obstacle: the way in which both this institution and the federal circuit courts define and publish the constitutional precedents o that bind all judges in the country. As a result, judges and attorneys must deal with dispersed and fragmented legal criteria. There are no common principles that link constitutional decisions because published precedents do not include the reasoning behind the original sentences. As long as this situation continues, justices will face serious difficulties in establishing clear constitutional precedents on civil rights. Failing to change the way in which precedents are published will seriously undermine attempts to transform an authoritarian legal culture and to have a positive social impact. To substantiate this argument, I will contrast the systems of constitutional precedents of the Supreme Courts of Mexico and the United States and then analyze the main problems faced by the Mexican judicial system in developing the meaning and scope of human rights legislation.

Resumen:

La cooperación interamericana entre autoridades en materia de restitución internacional de menores es regulada por la Convención interamericana sobre restitución internacional de menores. A pesar de la gravedad de los desplazamientos transfronterizos ilegales de niños, niñas y adolescentes trasladados fuera del Estado de su residencia habitual, dicha convención tiene escasa aplicación en la práctica, lo que parece obedecer a motivos políticos. En este documento de trabajo se realiza un análisis del instrumento interamericano para determinar si su falta de eficacia podría adicionalmente responder a motivos jurídicos derivados de la manera en la que regula la cooperación internacional entre autoridades, o al contenido de la convención en general.

Inglés/English:

Cooperation between national authorities of American countries with regard tothe return of children illegally removed or retained from their usual State of residency, is governed by the Inte-American Convention on the International Return of Children. Notwithstanding the seriousness of cross-border displacement of children illegally removed from the State of their habitual residence, the said Convention has had little practical effectiveness, which seems to be related to the lack of political will among States parties. Despite such political consideration, in this working paper, an analysis of the Inter-American Convention is made in order to determine if its lack of effectiveness could additionally respond to legal reasons derived from the way it regulates the international cooperation between authorities, or from the content of the Convention in general.

Resumen:

Este trabajo investiga la relación entre los delitos patrimoniales y los mercados de trabajo. Utilizando distintas fuentes de información, se analiza la hipótesis de que la debilidad de los mercados laborales incrementa el delito, y especialmente pone a prueba la hipótesis de que son los desempleados los que más delitos patrimoniales cometen. Con base a tendencias agregadas para el caso mexicano, y fundamentalmente utilizando datos de encuestas de internos en reclusión se demuestra que quienes cometen delitos en su mayoría también trabajan regularmente. Una estimación econométrica identifica algunos de los factores que explican el grado de “profesionalidad” de los delincuentes patrimoniales. Se concluye, que no es el desempleo, sino la calidad y tipo de empleo lo que mejor explica el grado “profesionalidad” en la actividad delictiva. La gran mayoría de quienes roban lo hacen para completar un ingreso escaso y/o probablemente para solventar un problema de adicción.

Inglés/English:

This paper studies the association between property crime and job markets. Using different sources I test the claim that the weakness of job markets increases crime, and particularly I test the hypothesis that the unemployed are those who commit the largest number of property crime. Based on aggregated trends for the case of Mexico, and mainly through the analysis of inmate surveys data I show that those who commit property crime also work regularly. An econometric estimation identifies a number of factors that explain the degree of “professionalization” of property crime delinquents. I conclude that it is not unemployment but rather the quality and type of jobs that better explain the “professionalization” of criminal involvement. The large share of those who rob and steal do so to complement meager income and/or probably to fund an addiction to alcohol or other drugs.

Resumen:

El presente documento, continuación del denominado La conservación del acuario del mundo: un análisis jurídico de la gestión pesquera en el Golfo de California, completa el panorama de un estudio sobre pesca sustentable, realizado en la segunda mitad del año 2009. En el primer documento de esta serie, se procedió a elaborar un estudio sobre el marco jurídico que incide en la actividad pesquera, así como de los principales problemas que afectan la sustentabilidad de la actividad pesquera en el Golfo de California. Se dividieron dichos problemas en dos categorías; la primera, incluye a los problemas estructurales y propios de la realidad mexicana; y la segunda categoría consiste en el análisis de los problemas específicos de la pesca, en la cual se desplegó un abanico de dificultades agrupado en torno a cuatro cuestiones: gestión de la actividad pesquera, inspección y vigilancia, investigación científica pesquera y sistema de concesiones y permisos. Este segundo documento emplea la definición previamente realizada de la problemática, y la usa como base para detallar un catálogo de políticas públicas destinadas a abatir las irregularidades detectadas en la gestión del sector. Las propuestas resultan de un análisis de las políticas ya implementadas en el sector pesquero que han fracasado, y del motivo del mismo. Asimismo, se realizó un ejercicio de derecho comparado entre la legislación ambiental mexicana, la de los Estados Unidos y la de la Unión Europea; con el fin de utilizar las experiencias internacionales exitosas y, a través del análisis de la estructura de la administración pública federal implicada en la protección del medio ambiente, adaptarlas a la situación de México.

Inglés/English:

This document, which is the continuation of a former one denominated “La conservación del acuario del mundo: un análisis jurídico de la gestión pesquera en el Golfo de California”, completes the outlook of a study about the sustainability of fisheries. In the first paper of this series, we made an analysis of the legal framework that affects fishing, as well as the main problems that affect the sustainability of fisheries in the Gulf of California. These problems were divided into two categories: the first one, includes structural problems of the Mexican reality; the second category comprises an analysis of the specific problems of the fisheries, which was deployed in a range of difficulties clustered in four main issues: fisheries management, inspection and surveillance, scientific research and fishing licenses and permits system. This second document uses the definition previously made of the problems that affects the fisheries, and takes it as a basis for the creation of a detailed list of public policies that pretends to eradicate the irregularities in the management of the fishing sector. The proposals presented derived from an analysis of the policies that have been already implemented in the fisheries sector and that have failed, as well as from the analysis of the cause of their failure. In order to use successful international experiences in the field, firstly, we conducted an exercise of comparative law between the Mexican’s, the United States´ and the European’s Union environmental law. Secondly, we analyzed the structure of Mexico’s public administration involved in the protection of the environment, so we can adapt certain useful international experiences to the Mexican reality.

Resumen:

El Sistema de Protección Social en Salud, también conocido bajo el nombre de Seguro Popular, supone un gran avance dentro de la reforma estructural para garantizar la efectividad del derecho de protección social en salud, pues amplía la cobertura de los servicios de atención médica, hospitalarios y de medicamentos sin cuotas de recuperación a todos aquellos que carezcan de mecanismos de aseguramiento social y que decidan afiliarse de manera voluntaria al sistema. Además, por supuesto, de especificar previamente cuáles son los derechos, bienes y servicios que contempla el propio sistema. Sin embargo, la complejidad de su instrumentación, la diversidad de actores que participan en la conformación de la prestación de los servicios antes indicados, así como la falta de claridad normativa respecto de las atribuciones y competencias en los diferentes niveles de gobierno, propician serias imprecisiones sobre las vías de tutela jurisdiccional adecuadas para salvaguardar la efectividad de los derechos consagrados por el sistema. Este artículo pretende, precisamente, poner de manifiesto tales carencias, a través de la sistematización de la conformación normativa del Seguro Popular.

Inglés/English:

The Social Protection System in Health, also known as Popular Insurance, represents a great advance in the structural reform to ensure the effective protection of rights to health. It broadens the coverage of health care services, provides medicines and hospital attention to those who have no other social insurance mechanisms and have decided to join it voluntarily. The System also specifies the rights, goods and services granted to eligible members. However, the complexity of its implementation, the diversity of actors involved in shaping the provision of services referred to the system itself, and the lack of a clear regulatory frame regarding the competences of different levels of government, lead to serious inaccuracies on the means of legal protection to safeguard the effectiveness of rights guaranteed by the System. Precisely, this article aims at describing the shortcomings of legal protection to the beneficiaries of the system through the legal analysis and systematization of the Popular Insurance.

Resumen:

Las leyes, en el sentido de un conjunto de reglas formales, serán extensamente irrelevantes si aquellas no están enraizadas en una estructura institucional y organizacional que favorezca su obediencia (Rose-Ackerman, 2004). Los individuos y las sociedades desarrollarán normas y prácticas que desplazarán a las leyes como mecanismo de procesamiento de los conflictos en la interacción entre actores privados y públicos. El predominio de reglas informales y de la corrupción sobre el comportamiento legal ha sido explicado por algunos autores como la consecuencia de patrones culturales (Paldam, 2002), versus el cálculo racional de un actor que, frente a determinados incentivos institucionales —típicamente, la debilidad de los mecanismos de cumplimiento de la ley (Becker y Stigler, 1974; Hibbs y Piculescu, 2010)—, opta por la corrupción (Becker, 1968; McCarthy, 2002; McKenzie y Tullock, 1984; Opp, 1989). En este trabajo intento modelar los pagos del conocido acto de la “mordida”. La primera conclusión es que lo racional es el acto corrupto. La segunda es que este resultado se debe a algunos aspectos de la sanción que se establece para algunas infracciones de tránsito.

Inglés/English:

Law, in the sense of a set of formal written document, will be largely irrelevant if the rules are not embedded in an institutional and organizational structure that favors compliance (Rose-Ackerman, 2004). Individuals and societies will develop practice and norm that serve the function take on by law in other countries if law is excessively cost in comparison with other mechanisms to process private-private and public-private interactions. The dominance of the informal rules and corruption over the law-abiding behavior has been seen as a consequence of cultural patterns (Paldam, 2002), versus the calculus of a rational actor that, in front to specific institutional arrangements —typically, the limitation of the law enforcement mechanisms (Becker and Stigler, 1974; Hibbs and Piculescu, 2010)—, he opts by corruption (Becker, 1968; McCarthy, 2002; McKenzie and Tullock, 1984; Opp, 1989). In this paper, I try to model the logic that underlie a case of the well-known corrupt act of “mordida”, that is, the seeking-bribe and offering-bribe in Mexico City when a citizen commits a transit infringement. The first conclusion is that corruption is the equilibrium of the game. The second conclusion is that some specific aspects of the penalty itself is the main factor of the dominance of corruption.

Resumen:

A principios de 2004, el presidente Vicente Fox publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Senado con el que México ratificó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control de Tabaco. Aunque México ha avanzado en la implementación de políticas de control de tabaco, la industria tabacalera ha diseñado e implementado diversas estrategias orientadas a contener la adopción plena de las políticas públicas de salud establecidas en el CMCT. Este documento presenta los resultados de una investigación que busca identificar y documentar estrategias de la industria tabacalera (en adelante IT) en México para tratar de reducir el impacto del CMCT. En la parte final se ofrecen una serie de recomendaciones para hacer frente a las acciones de la IT. La actividad de la IT se ha intensificado a partir de la firma del Convenio Marco para el Control del tabaco CMCT en 2003. Desde 1997, la IT se ha adaptado al cambio político en México al identificar los nuevos puntos de veto en la cadena de elaboración de las políticas públicas. Se han identificado cuatro momentos clave que se desarrollan entre el año 2004 y 2010 para el control de tabaco en México. Cada momento constituye un proceso en el cual han intervenido diversos actores formales (institucionales) e informales (actores independientes o individuales) en un periodo determinado. Destacan: (i) el CMCT en 2003; (ii) el acuerdo entre el ejecutivo federal y la IT (Convenio Frenk) comúnmente conocido como “un peso por cajetilla” implementado en 2004; (iii) la promulgación de la Ley General para el Control de Tabaco (en adelante, LGCT) en 2008 y (iv) la aprobación de un esquema de alza gradual de impuestos establecido en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en 2009. A partir de los planes e informes bianuales o quinquenales de las empresas tabacaleras más grandes que operan en Latinoamérica –British American Tobacco (BAT) y Philip Morris Internacional (PMI)– se pueden inferir los rubros prioritarios para la IT en materia de control de tabaco, mismos que pueden agruparse en las siguientes categorías: tributación, libertad de comercialización, espacios 100% libres de humo, consumo de tabaco y salud, publicidad y relaciones públicas. Dentro de cada uno de estos rubros, la industria persigue consistentemente determinados objetivos generales: primero, evitar la puesta en marcha de distintas políticas públicas orientadas a disminuir o desalentar el consumo de tabaco; segundo, impulsar la adopción de las políticas de control que la misma IT prefiere a otras políticas más eficaces en la disminución del consumo de tabaco. Los documentos internos de la IT permiten ver que en lo que a control de tabaco se refiere, las compañías tabacaleras se han preocupado por los mismos temas en todo el mundo. El área más importante para la IT es la tributación, por lo que busca que los impuestos se mantengan en el nivel más bajo posible como porcentaje del precio final al consumidor. La aplicación de una política fiscal restrictiva en materia de control del tabaco requiere: aumentar los impuestos al valor y/o incrementar los impuestos nominales (es decir, los que fijan una cantidad determinada y no relativa). Los impuestos al valor tienen la ventaja de ajustarse a la inflación, por lo que no pierden su efectividad con el tiempo, mientras que los impuestos nominales pueden perder efectividad al paso de unos años si no son ajustados al aumento generalizado de precios (Waters, y otros, 26-27). La IT prefiere impuestos nominales (e.g. de $X.00 pesos por cajetilla) en contraste con impuestos al valor, siempre y cuando los primeros no se ajusten a la inflación. Al respecto, un ex ejecutivo de la industria señaló que: “…todos los tipos de cigarrillos deben pagar el mismo impuesto, si el impuesto es diferenciado lo único que va a suceder es que se beneficiarán las marcas baratas, lo mejor es evitar los impuestos ad valorem”. Identificación de las estrategias de la IT El objetivo general de la IT consiste en evitar o retrasar la entrada en vigor de cualquier política pública de control de tabaco para que su impacto en el consumo de tabaco sea el mínimo posible. Se han identificado once estrategias de la IT desplegadas con este fin, las cuales pueden ser agrupadas en dos tipos: las de carácter formal, que consisten en la utilización de las herramientas legales que le permitan a la IT negociar con el Estado y las de carácter informal, que consisten en la utilización del poder económico de la industria para buscar capturar a los actores clave del diseño y aplicación de la política. Las estrategias formales identificadas son: (I) promover programas para ser reconocidas como empresas socialmente responsables, (II) regionalizar la problemática de la regulación al tabaco al involucrar a los productores de hoja de tabaco, (III) maximizar los costos económicos y políticos de la regulación al tabaco a través de amenazas a la estabilidad económica del país, (IV) maximización de riesgos ante el aumento de impuestos al abrir la posibilidad del contrabando, (V) difundir estudios científicos patrocinados por la misma industria cuyo objetivo es deslegitimar la política de control de tabaco y (VI) la construcción de acuerdos mutuos o legislación conjunta para intercambiar la aplicación de unos instrumentos de control por otros. Las estrategias informales son: (I) bloquear o retardar el proceso legislativo para que las iniciativas relevantes no sean dictaminadas o sean rechazadas, (II) aportar beneficios económicos personales como los regalos y el pago de viajes al extranjero, (III) aportar beneficios económicos para el financiamiento de campañas políticas, (IV) donar recursos a instituciones de caridad que se estima beneficiarían a actores clave y (V) contratar funcionarios de alto perfil en centros de investigación para colocarlos en un conflicto de intereses que les impida promover adecuadamente el control de tabaco. La IT se ha enfocado en cinco áreas de política de control de tabaco para dirigir sus estrategias: 1) la tributación, 2) la libertad de comercialización, 3) los espacios 100% libres de humo de tabaco, 4) las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos y 5) la publicidad para promover el consumo de tabaco. En términos analíticos, estas áreas se agrupan en dos instancias institucionales: las que se refieren a los temas fiscales y las que tratan los temas de salud. El área 1) corresponde a la primera instancia mientras que el resto (2, 3, 4 y 5) corresponden a la segunda. Con base en lo anterior, la IT ha enfocado sus estrategias en dos tipos de instancias del Estado mexicano: las que atienden cuestiones fiscales –la Secretaría de Hacienda (SHCP) y las comisiones de Hacienda del poder legislativo– y las relacionadas con las políticas de salud pública –la Secretaría de Salud Federal (SSA), las comisiones de Salud del poder legislativo y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)–. En el primer grupo (instancias fiscales), la IT ha conseguido que el aumento de los impuestos finales a los cigarrillos sea gradual y que se privilegien los impuestos nominales, lo que impide que el precio de los cigarros aumente y ello tenga incidencia en la reducción de la demanda de tabaco. En las instancias de salud, la industria parece haber sido capaz de suavizar y retrasar la aprobación de leyes y regulaciones sanitarias que protegen la salud de los no fumadores y que buscan disminuir la demanda de cigarros a través de intervenciones no relacionadas con los precios. Su actuación en ambas instancias parece influir sobre la modificación del diseño de la política de control de tabaco en México y, en consecuencia, afectar su eficacia. Ahondando, por ejemplo, en las estrategias que ha impulsado frente a las instancias de salud, puede afirmarse que la IT ha obtenido múltiples beneficios, entre los que destacan la contravención al CMCT al establecer el Convenio Frenk o “un peso por cajetilla” (entre la SSA y la misma industria). En lo que se refiere a la LGCT, la IT logró que se modificara sensiblemente la iniciativa original, permitiendo, entre otras cosas, la creación de áreas exclusivas para fumar en espacios interiores, derrotando así la política recomendada por cuerpos internacionales consistente en establecer espacios totalmente libres de humo de tabaco. En relación al Reglamento de la LGCT, consiguió que en los espacios exclusivos para fumar se permitiera la entrada personal para prestar servicios, con lo que pone en riesgo la salud de los empleados de la industria hotelera, restaurantera, de bares y discotecas. Además, la IT retrasó por más de un año la publicación del Reglamento de la LGCT y consiguió que la libertad de comercialización del cigarro no fuera intervenida, pues no se promulgó ninguna ley que controlara los puntos de venta de tabaco. Palabras clave: industria tabacalera, control de tabaco, estrategias de interferencia, tabaquismo, política fiscal, cabildeo.

Inglés/English:

In 2004, President Vicente Fox published in the Official Journal of the Federation a decree of the Senate which Mexico ratified the Framework Convention of the World Health Organization for tobacco control. Although Mexico has made progress in implementing tobacco control policies, the tobacco industry has designed and implemented various strategies to contain the full adoption of public health policies established by the FCTC. This document presents the results of an investigation into the identification of strategies for tobacco industry interference (henceforth TI) in Mexico, their deployment and impact on decision making and implementation of tobacco control policies, finally delivers a series of recommendations to face the actions of the TI. The TI interference has intensified since the signing of the Framework Convention for tobacco control (FCTC) in 2003. Since 1997, TI has been adapted to political change in Mexico to identify new veto points in the chain of public policy development. We identified four key moments that take place between 2004 and 2010 for tobacco control in Mexico. Every moment is a process in which various actors have intervened formal (institutional) and informal (or individual independent actors) in a given period. Include: (i) the FCTC in 2003, (ii) the agreement between the federal executive and TI (Convention Frenk) commonly known as "peso por cajetilla" implemented in 2004, (iii) the enactment of the General Law for tobacco Control (henceforth LGCT) in 2008 and (iv) the approval of a scheme of gradual increase of tax provisions of the Law of the Special Tax on Production and Services in 2009. The annual and biennial reports or five-year major tobacco companies operating in Latin America, British American Tobacco (BAT) and Philip Morris International (PMI), may infer the priority areas for TI tobacco control, they can be grouped into the following categories: taxation, free trade, space 100% free of smoke, tobacco consumption and health, advertising and public relations. Within each of these areas, the industry consistently pursues certain objectives: first, to avoid the implementation of various public policies to diminish or discourage the use of tobacco, and second, to encourage the adoption of policies to control it, TI prefers other policies more effective in reducing the consumption of tobacco. The internal documents of the TI show as far as regards of tobacco control that TI, have been concerned about the same issues around the world. The most important area for TI is taxation, and seeks that taxes remain at the lowest possible level as a percentage of final consumer price. The application of a restrictive fiscal policy in the control of tobacco requires: Raise taxes on value and / or nominal tax increase (fixing a certain amount and not relative). The ad valorem taxes have the advantage of adjusting for inflation, so don’t loose their effectiveness over time, while the nominal tax may loose their effectiveness to step a few years if they are not adjusted to the inflation increase in prices (Waters, and others, 26-27). The nominal tax preferred TI (for $ X.00 pesos per pack) as opposed to ad valorem taxes, provided that the former are not adjusted for inflation. In this regard, a former industry executive said: "... all types of cigarettes to pay the same tax, if the differential tax is the only thing that will happen is that you benefit from cheap brands, it's best to avoid taxes ad valorem". The general objective of TI is to prevent or delay the entry into force of any public policy to control its impact in tobacco consumption. We have identified eleven TI strategies deployed for this purpose, which can be grouped into two types: formal, consisting of the use of legal tools that allow TI to negotiate with the state and informal, consisting in the use of economic power in the industry to find players to capture key actors who design and implement tobacco control policies. Formal strategies identified are: (i) promote programs to be recognized as socially responsible companies, (ii) localize the problem of regulation to tobacco by involving tobacco leaf producers, (iii) maximizing the economic and political regulation to tobacco by threats to the country's economic stability, (iv) maximization of risk to the tax increase (V) share scientific studies sponsored by the same industry whose goal is to delegitimize political tobacco control and (VI) building mutual agreements or joint legislation to share the application of instruments of control by others. Informal strategies are: (I) block or slow the legislative process for relevant initiatives are not dictated or be rejected, (ii) to provide personal financial gain as gifts and payment of foreign travel, (III) provide economic benefits to finance political campaigns, (IV) donate funds to charities that benefit estimates of key players (V) high-profile recruit staff in research centers to place them in a conflict of interest that prevents them from adequately promote the control of tobacco. TI has focused on five areas of tobacco control policy to guide their strategies: 1) taxation, 2) the freedom to market, 3) the spaces 100% smoke-free tobacco, 4) health warnings on packs of cigarettes and 5) the publicity to promote the consumption of tobacco. In analytical terms, these areas are grouped into two institutional levels: those related to tax issues and those dealing with health issues. The area 1) corresponds to the first instance while the rest (2, 3, 4 and 5) correspond to the second. Based on above, TI has focused its strategies on two types of instances of the Mexican state: the Ministry of Finances (SHCP) and the Finance committees of the legislature, and the related policies public health, the Federal Health Secretariat (SSA), the Health Committees of the legislature and the Federal Regulatory Commission (SCT). In the first group (control structures), the TI has ensured that the final tax increase on cigarettes will be gradual and that the nominal tax privilege, which prevents the increase cigarette prices and this has impact in reducing demand for tobacco. In the health authorities, the industry seems to have been able to soften and delay the adoption of laws and health regulations that protect the health of nonsmokers and to decrease their demand for cigarettes through non-intervention prices. His performance in both instances appears to influence the redesign of the tobacco control policy in Mexico and consequently affect its effectiveness. For example, TI has promoted strategies in the health agencies, it can be said that TI has gained many benefits, among which the contravention to the FCTC to establish the “Convention Frenk” (between the SSA and the same industry). In regard to the LGCT, TI was able to be modified substantially the original initiative, allowing, among other things, the creation of exclusive areas for smoking indoors, thus defeating the policy recommended by international bodies of establishing fully spaces smoke-free. In relation to Regulation LGCT, got in the exclusive areas for smoking are allowed staff to provide services, thereby threatening the health of employees in the hospitality industry, restaurant, bars and nightclubs. In addition, the TI delayed for more than a year the publication of the rules of the LGCT and got that free market cigarette not intervened, it was not enacted any law that would control the tobacco sale points.

Resumen:

El presente documento está diseñado para ser una guía de la regulación actual del aborto en México. Recapitula lo que ha ocurrido en la última década y lo que está ocurriendo, jurídicamente, en esta materia. En este sentido, revisa las transformaciones legislativas más importantes –como las reformas en el Distrito Federal de 2000 y 2007–, los casos judiciales más relevantes –específicamente las dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (de 2002 y 2008)– y la legislación federal y local actuales –y se incluyen todas las reformas constitucionales locales que surgieron como reacción a la decisión de la Corte de 2008–.

Inglés/English:

The following document is designed to be a guide on current abortion regulation in Mexico. It is a brief survey on what has happened over the last decade and what is currently happening, legally, in relation to abortion. In this sense, it reviews major legislative transformations –like Mexico City’s 2000 and 2007 reforms–, major judicial cases –specifically: the two decisions brought forth by the Supreme Court on the matter–, and current state and federal legislation –which includes all the States’ reactions to the 2008 Supreme Court ruling–.

Resumen:

En México ha existido durante mucho tiempo un debate acerca de si los jueces deben ganar más dinero o acerca de si las cortes deben contar con una instancia de apelación. Ninguna de las respuestas dadas a estas preguntas ha sido acompañada por un análisis empírico del problema. En el presente documento tratamos de responder a la pregunta de si estas variables afectan el desempeño de los jueces de carácter administrativo en México. México se organiza como una federación en la que existen materias federales y materias locales. La jurisdicción administrativa local corresponde a cada una de las entidades federativas y cada una decide la constitución y el correspondiente diseño de su órgano jurisdiccional administrativo. En el sistema local mexicano existen una variedad de rangos de salarios para los jueces administrativos y existen algunas cortes con instancia de apelación incluida y otras sin instancia de apelación. Con los datos analizados en este trabajo concluimos que aquellos jueces que ganan un mayor salario tienden a trabajar más que aquellos jueces que ganan un menor salario. Asimismo, aquellos jueces que trabajan en cortes con instancia de apelación tienden a trabajar más que aquellos que jueces que trabajan en cortes sin instancia de apelación.

Inglés/English:

In Mexico up to this day there is a debate on whether administrative judges should earn more money; or whether administrative courts should incorporate appellate jurisdiction to better guarantee accountability of the administration. The answer to these questions has not been accompanied by any empirical evidence on whether these variables influence in some manner Mexican administrative judges’ performance. In this paper we try to answer the questions of whether judge’s salaries or the existence of appellate jurisdiction influence judges’ performance. As a federation with federal jurisdiction and local jurisdiction, Mexico has 29 state administrative courts. The design of each one of these courts varies depending on the State to which they pertain. Among these variations it can be identified a variety of salary ranges and procedural designs. There has been a long and complex debate on the ideal wage for judges. On the one hand there are scholars that have found no relationship between salaries and judges’ performance. On the other hand judges, as rational agents, might prefer to work less when earning low wages and more when earning high wages. Regarding appellate jurisdiction there are also opposite views on the subject. There are opinions that maintain that appellate jurisdiction on administrative courts is a waste of resources because judges’ performance is not affected by the review of their decisions. On the contrary, there are some other opinions that identify in appellate jurisdiction a way of constraining judges’ performance. Again, judges as rational agents might work less when having no direct monitoring of their decisions than when having it. With the data used in this paper, the conclusion is that these two variables do affect judges’ performance. Specifically we found that the decision on whether to review or not an administrative act when litigated is a function of judge’s wages and the existence of appellate review on judges’ decisions.

Resumen:

En un Estado moderno los órganos de jurisdicción administrativa cuentan con la importante tarea de ser los guardianes del estado de derecho. Hasta ahora en México existe un debate, no resuelto, acerca de qué sistema garantiza de mejor forma la independencia de este tipo de tribunales y la rendición de cuentas por parte del gobierno. En el presente trabajo analizamos la relación entre el diseño de los distintos esquemas en los que los órganos locales de jurisdicción administrativa en México se organizan y el tipo de decisiones que emiten. México se organiza como una federación en la que existen materias federales y materias locales. La jurisdicción administrativa local corresponde a cada una de las entidades federativas y cada una decide la constitución y el correspondiente diseño de su órgano jurisdiccional administrativo. Existen algunos tribunales que dependen del poder ejecutivo y otros que dependen del poder judicial. Otras diferencias pueden encontrarse en el tipo de nombramiento de los jueces administrativos, su inamovilidad y el régimen regulatorio de sus salarios. Estas diferencias hacen surgir dos preguntas acerca del impacto de los distintos esquemas: ¿Son distintas las decisiones de aquellos tribunales que dependen del poder judicial? ¿Existe algún diseño que asegure una mayor protección del estado de derecho aumentando la rendición de cuentas por parte del gobierno? Con los datos analizados en el presente trabajo concluimos que el diseño institucional parece afectar las decisiones de los jueces administrativos. Cuando estos órganos pertenecen al poder ejecutivo existe una mayor probabilidad de que el juicio sea ganado por el gobierno a diferencia de cuando estos juicios son resueltos por órganos del poder judicial. De igual manera la inamovilidad parece afectar estas decisiones. Mientras que aquellos jueces con inamovilidad parecen favorecer menos al gobierno aquellos que no cuentan con inamovilidad parecen no hacerlo.

Inglés/English:

In a modern State administrative courts have an important task as guardians of the rule of law. Adjudicating cases where one of the parties is the state herself is a strong form of accountability. In Mexico up to this day there is a debate on which system better guarantees independence of these courts and accountability of the administration. In this paper we analyze the different schemes in which the local administrative courts in Mexico are designed and their relationship with the administrative courts outcomes. As a federation with federal and local jurisdiction, Mexico has 29 state administrative courts. The design of each of these courts varies depending on the State to which they belong. There are some courts depending of the judicial branch of the local government and there are others depending on the executive branch as “autonomous” courts, following the French model. Other differences can be found on the appointment, tenure and salaries systems. These differences arise two main questions: Does design of administrative courts as part of the judiciary or the executive have an impact on their outputs? Is there a design that assures a better protection of the rule of law and an efficient system of accountability of the administrative authorities? With the data used in this paper we found that those courts pertaining to the judicial branch and guaranteeing tenure to their judges are more independent than those courts that don’t. The conclusion is that the branches, to which administrative courts pertain, whether they are part of the judicial branch or part of the executive power and the guarantee of tenure do affect their decisions, therefore design matters.

Resumen:

Este ensayo analiza de manera exploratoria la percepción de los magistrados de los tribunales de familia en el Distrito Federal sobre el funcionamiento interno del sistema: carga laboral, recursos materiales, recursos humanos, demora, calidad de la atención, eficiencia terminal, capacitación, etcétera. Y también sobre la contraparte externa de los tribunales referente a abogados: calidad de la defensa en tres juicios (necesario, voluntario y patria potestad) y usuarios: compresión del proceso, costos, quejas, etcétera.

Inglés/English:

This paper is an exploratory study of perception of magistrates of the judiciary system for family justice in the Federal District about the internal running of the system: workload, human and material resources, delay, quality of the service, efficiency, completion rate, training, etc. And about the litigants (quality of litigation) and users (costs, process comprehension, complaints, etc.).

Resumen:

En esta investigación se ha realizado un análisis y síntesis de las leyes relevantes en materia pesquera, con especial atención a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS). Además, se ha establecido una definición de los problemas fundamentales que amenazan a la pesca sustentable en el Golfo de California. Se ha efectuado un esfuerzo por localizar áreas de oportunidad de la LGPAS, así como establecer aquellos puntos fuertes en apoyo de un nuevo modelo de gestión pesquera sustentable y adaptado a las tendencias de eficiencia y rendimiento económico, paralelos a la necesidad de conservación. En el presente documento, se han resaltado también los principales campos de estudio para el desarrollo de políticas públicas en la materia. La segunda etapa de este documento de trabajo, se enfocará en el análisis de los instrumentos de mercado existentes, así como en el estudio detallado de las experiencias y recomendaciones internacionales sobre la materia (legislación de los Estados Unidos, directrices de la OCDE y regulación de la Unión Europea), para desembocar en la definición de un catálogo de instrumentos de política aplicados a la pesca, cuyo objetivo será proponer soluciones, en la medida de lo posible, a los problemas detectados.

Inglés/English:

In this document, we present an analysis and summary of the relevant fisheries legislation, paying special attention to the General Sustainable Fishery and Aquaculture Act (LGPAS, according to its acronym in spanish). Moreover, it has been established a definition of the fundamental problems that threaten the sustainability of the fisheries in the Gulf of California. In this analysis, we have determined the aspects of the LGPAS which can be improved. At the same time, we have identified those which can be used to support a new model for the sustainably management of Mexican fisheries, making it efficient, profitable, environmentally friendly; orientated to conservation. The second paper of this academic research field will comprise an analysis of the current market instruments used in the management of the fishing, as well as a detailed study of the international experiences and recommendations made on this matter (US legislation, OECD recommendations and European Union rules), to finally end up with the definition of a catalogue of public policies applied to the fishing, whose aim will be to propose solutions to the detected problems.